Cómo los catalanes construimos un Estado del bienestar al margen del Estado español

 

Agustí Alcoberro, profesor de Historia en la Universidad de Barcelona, exdirector del Museu d’Història de Catalunya

 

A lo largo del tiempo, la dependencia de un estado que no es el nuestro, y que siempre nos ha sido hostil, nos ha obligado a espabilarnos como país. La sociedad civil catalana ha tenido que generar instituciones y proyectos que probablemente habrían correspondido a un Estado propio. Esto es particularmente evidente en el ámbito de los servicios sociales y del bienestar. Sin los recursos de un Estado, el país ha tenido que construir redes de solidaridad propias de una sociedad moderna y dispuesta a encarar los retos del futuro. Pero este modelo popular y catalán sufrió el grave garrotazo de 1939.

 

La industrialización de Catalunya, a partir de la década de 1830, había generado una sociedad esencialmente diferente, y con necesidades propias. El Estado español, ineficiente y centrado en un modelo económico antiguo, se reveló incapaz de atender las nuevas demandas sociales. En este contexto, los sindicatos obreros y también otras instituciones sociales tuvieron que construir una especie de Estado del bienestar a la sombra. Una de las primeras funciones de los sindicatos contemporáneos fue la creación de mutualidades o entidades de ayuda mutua, destinadas a ayudar a sus socios en caso de enfermedad, paro u otras necesidades.

 

Ya a mediados del siglo XIX, se extendieron las cooperativas de consumo, que pretendían hacer accesible a la clase obrera un gran número de productos. En los años siguientes, también aparecieron las cooperativas de producción, que algunos sectores libertarios vieron como una alternativa al capitalismo. En las cooperativas, todos los socios son accionistas y, por ello, son a la vez trabajadores y empresarios.

 

La escasa apuesta por la escuela por parte del Estado liberal español convirtió el analfabetismo en un mal crónico. Así se explica la enorme difusión de la escuela religiosa y de las escuelas privadas en Catalunya. También desde el movimiento obrero se intentó responder a esta situación con la formación de academias y de ateneos, donde los trabajadores podían estudiar tras las largas jornadas laborales.

Por una vía similar, la clase obrera pudo acceder a la asistencia médica mediante la creación de mutuas. Este fue el caso de la Quinta de Salut l’Aliança, una cooperativa sanitaria creada en 1904 y que en los años siguientes se extendió ampliamente. La previsión de la vejez y el fomento del ahorro entre la clase trabajadora fueron los motivos de la creación de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, también en 1904. La entidad, liderada por el abogado catalanista Francesc Moragas, nació después de las dos huelgas generales de 1901 y 1902, y pretendía garantizar un futuro digno a las familias obreras.

 

La obtención de las primeras cotas de autogobierno, con la Mancomunitat de Catalunya (1914-1924) permitió ensanchar la economía y los servicios sociales. La Generalitat republicana (1931-1939) dio un salto extraordinario en este terreno. Durante la II República, el regidor de ERC en Barcelona, Roc Boronat, creó la Associació de Cecs de Catalunya y el cupón de los ciegos, que permitió garantizar una vida digna a los discapacitados visuales y a otros colectivos históricamente marginados.

 

Todo aquel tejido social  se derrumbó con la derrota de 1939. Algunas entidades fueron disueltas, otras sufrieron la depuración de sus directivos y asociados, de los cuales muchos tuvieron que optar por el exilio. Las asociaciones que sobrevivieron tuvieron que modificar substancialmente su sistema de funcionamiento y sus actuaciones. En aquel contexto, el monopolio de la caridad ejercido por el Auxilio Social de Falange Española manifestó de nuevo la incapacidad del Estado español para generar una red social eficaz. Tampoco el modelo de seguridad social surgido del Estado totalitario respondió a las auténticas responsabilidades sociales. Hoy que estamos construyendo la República Catalana, como Estado social y de derechos, es bueno que reemprendamos nuestra tradición como base para encarar un futuro que queremos equitativo y justo.