ANC, Òmnium Cultural y AMI piden firmeza y unidad para cumplir el mandato democrático para la independencia ante la judialización del 9N


photo_2016-06-28_19-44-06El 9 de noviembre de 2014, 2,34 millones de ciudadanos participaron en la “consulta popular” (el referéndum no vinculante). El 81% de los participantes votó “Quiero que Cataluña se convierta en un Estado independiente” (Sí-Sí).

La consulta popular no vinculante del 9N contaba con el apoyo de la ciudadanía, que por tercer año consecutivo salía a la calle por la diada (11 de septiembre) en manifestaciones de más de 2 millones de personas reclamando poder decidir su futuro político. La consulta del 9N contaba también con el apoyo de hasta 920 municipios de un total de 947, el 96% del total de los municipios catalanes.

La voluntad de la gente y de la ANC era votar el 9 de noviembre con garantías democráticas, ya que siempre se ha entendido que el proceso se debe llevar a cabo de manera pacífica y democrática. Para ello se dieron los pasos legales oportunos desde el Parlamento catalán para realizarla, y con ámplio acuerdo entre diputados de partidos soberanistas y pro-referéndum, se fijó fecha y pregunta. Entre otras medidas políticas se pidió al Congreso Español la transferencia de la convocatoria de un referéndum según el margen legal posible en la Constitución Española.

Ante la negativa sistemática del Gobierno del Estado Español, se observaron todos los cambios necesarios para que dicha consulta a la ciudadanía – tal y cómo ésta la venía reclamando-, pudiera celebrarse dentro de los márgenes de la legalidad vigente. Aun así, dos días después de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 27 de septiembre de 2015 (“elecciones plebiscitarias”), el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña admitía a trámite la querella contra la consulta no vinculante del 9N e imputaba al entonces presidente Artur Mas, la consejera de educación Irene Rigau y la vicepresidenta Joana Ortega.

La declaración de Artur Mas como a imputado coincidió con el 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys condenado por un tribunal militar durante el régimen franquista y fusilado el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montjuïc. Companys es el único presidente Europeo ajusticiado. A día de hoy, ni se anularon ni revisaron los juicios sumarios celebrados durante la dictadura de Francisco Franco.

A 28 de junio de 2016, otra vez dos días después de las elecciones, se ha hecho pública la decisión del TSJC y conocíamos el Auto según el cual no se archiva la causa del 9N sino que los imputados, aun cumpliendo el mandato legítimo de la ciudadanía, deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

Ante este escenario, la ANC, Òmnium Cultural y AMI se pronuncian:

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Firmeza y unidad para cumplir el mandato democrático para la independencia ante la judialización del 9N

La Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia rechazan la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de archivar la causa abierta por la consulta del 9N. Una decisión que deja al ex presidente Artur Mas y a las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados.

Las entidades soberanistas consideran que la decisión del juez Juan Manuel Abril, que nuevamente coincide con la finalización de una campaña electoral, pone de manifiesto la falta de independencia del sistema judicial español y evidencia que “no hay nada que hacer con un Estado que envía la democracia y las urnas al banquillo “. En este sentido, las tres entidades piden la máxima “firmeza y unidad de todos los demócratas” y exigen “dar cumplimiento al mandato democrático para la independencia” como única vía para combatir esta nueva demostración de la “judicialización de la política”.

ANC, Òmnium y AMI expresan el máximo apoyo a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau y recuerdan que las entidades soberanistas se sienten corresponsables de la convocatoria del 9N hecha con criterios democráticos y cívicos y respuesta masivamente por el pueblo catalán.

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