La fuerza bruta no disipará la fuerza de las razones – Leyes catalanas suspendidas por el Tribunal Constitucional [2012-16]

TC

Desde hace varios años el Gobierno español ha estado presentando ante el Tribunal Constitucional español recursos de inconstitucionalidad a leyes y resoluciones del Parlamento catalán, a pesar de que estas leyes se incluyen dentro de los poderes del Gobierno catalán de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña,  y acorde incluso con la restrictiva interpretación del propio Tribunal Constitucional sobre el Estatuto en su sentencia de 2010.

Tal y como muchos recordaran, este tribunal fue requerido en 2006, por primera vez, para que dictaminara sentencia sobre la nueva “constitución regional” (el “Estatuto de Autonomía”) de Cataluña después de que su texto hubiera sido examinado y modificado por el Congreso de los Diputados y el Senado para su posterior ratificación en referéndum por el pueblo de Cataluña. Las circunstancias que enmarcaron dicha sentencia y otras que afectan a Cataluña, han llevado a muchos catalanes a perder la confianza en la imparcialidad de los miembros de dicho Tribunal.

El Tribunal Constitucional español (TC) es el máximo órgano competente para determinar que las leyes y medidas legales en España son conformes a la Constitución española. El Tribunal Constitucional es el “supremo intérprete” de la Constitución en todo el territorio español pero no forma parte del Poder Judicial del Estado. Siendo sin embargo el Tribunal Superior de Justicia el órgano de apelación para todo asunto judicial.
El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros, quienes cumplen mandatos de 9 años.  Aunque dicho tribunal es independiente en su función, la composición del mismo depende de los poderes del Estado ya que es una mayoría cualificada de las dos Cámaras del poder legislativo español (Congreso y Senado) la que propone la mayor parte de sus miembros:

  • 4 son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados,
  • 4 a propuesta del Senado,
  • 2 son nombrados a propuesta del ejecutivo (el Gobierno) y
  • 2 son a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (consejo que, a su vez, también es elegido por el Congreso y el Senado españoles).

Todos los miembros elegidos son formalmente nombrados por el Rey de España. Uno de los miembros es propuesto por los demás para ser su presidente con un mandato de tres años. Él o ella es asistido por otros dos miembros: uno elegido como vice-presidente, y el otro, como secretario general, responsable de supervisar el personal del Tribunal.

El Constitucional reúne profesionales con más de quince años de experiencia en materias relativas a la jurisprudencia, incluyendo jueces, magistrados y procuradores, profesores universitarios, funcionarios y abogados. Así mismo, sus miembros no pueden simultanear ningún cargo en ningún partido político o sindicato, ni ejercer ningún cargo electo o estar empleados para estos, ni mantener ningún tipo de relación comercial ni profesional.

A pesar de dicho principio, los medios de comunicación y comentaristas políticos han expresado a menudo la opinión de que el proceso de selección que se sigue para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional está en muchos casos influenciado por alianzas y afinidades de los partidos políticos. En la medida que esto es percibido por la opinión pública como un factor significativo en muchos de los nombramientos, se han planteado dudas – y no solo en Cataluña – sobre una posible falta de neutralidad en las deliberaciones y sentencias del tribunal. Debemos añadir que varios de los redactores de la Constitución de 1978 han dicho que el texto ya no se interpreta de acuerdo con su significado original.

Actualmente – y especialmente en cuestiones relacionadas con las aspiraciones políticas de Cataluña – podríamos concluir que, en lugar de propiciar negociaciones políticas con las autoridades del Gobierno catalán acerca de la implementación de lo que significa el mandato democrático ganado en las urnas, el Gobierno español utiliza el Tribunal Constitucional para desviar o bloquear polémicas políticas que, en países con una tradición democrática consolidada, normalmente se resuelven con el diálogo político.

Igualmente, cualquiera que fuere la sentencia que el Tribunal Constitucional dictase al final del procedimiento, tan pronto como el Gobierno español presente recurso ante el Tribunal Constitucional contra leyes o decretos, estos son automáticamente bloqueados como medida cautelar por un mínimo de cinco meses, o más tiempo.

Por ahora y desde los últimos cuatro años, 24 leyes, decretos y resoluciones del Parlamento catalán han pasado por o siguen en este tipo de procedimientos.

 

ANC – International Press

Gif/pic: @jordicalvis

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