La incapacidad de resolver cuestiones cotidianas ha favorecido que muchas personas que no se lo habían planteado nunca quieran la independencia

 

Jofre Llombart, periodista

 

Una de las acusaciones que se lanzan contra el movimiento independentista es que sus dirigentes se han olvidado de los problemas reales de la gente. Y, datos en la mano, es justamente al contrario. Es precisamente la incapacidad de resolver estas cuestiones cotidianas la que ha motivado que muchas personas que no se habían declarado nunca independentistas hoy votarían en un referéndum. Hay dos grandes obstáculos: recursos y poder político real para hacer las cosas. Cada año, los catalanes, voten lo que voten, pagan en impuestos 16.000 millones de euros, que después no vuelven a Cataluña en forma de inversiones. Con este dinero de más, la Generalitat tendría garantizadas cada año las partidas de Sanidad, Educación y Transporte. Pero al margen de este agravio económico, que supone un freno en el desarrollo de cualquier país, hay otra cuestión que cambiaría si Cataluña tuviese total libertad de movimientos: poder decidir sobre todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Sin ir más lejos, en los últimos años, el Tribunal Constitucional ha tumbado decenas de medidas de carácter social aprobadas por el Parlament. Es el caso conocido de la pobreza energética, pero también la posibilidad de cobrar un impuesto a los bancos para grandes fortunas, proteger a los ciudadanos que han sido estafados por hipotecas o preferentes, cobrar un impuesto por cada piso vacío para dedicarlo a alquiler social o hacer políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Todas estas medidas, que no tienen nada que ver con el 9N, se podrían estar aplicando si no fuese porque este alto tribunal las ha suspendido a instancias del gobierno español al considerar que la Generalitat invadía competencias. Es aquello que la sabiduría popular resume diciendo que “o jugamos todos o rompemos la baraja”. Pues bien, el gobierno español ha roto 22 barajas en los últimos cuatro años.