Un juicio político de manual

Después de fracasar en la negociación de un pacto fiscal, Artur Mas convocó las elecciones autonómicas de 2012 con una promesa clara: convocar una consulta sobre si Cataluña debería ser un estado independiente. Más de un 80% de los diputados catalanes votó a favor de esta consulta.

Mas convocó oficialmente la consulta para el 9 de noviembre de 2014. Después de diversas actuaciones judiciales la “consulta oficial no refrendaria” inicial se convirtió en un “proceso participativo no vinculante” de acuerdo a la legislación catalana preexistente. El Gobierno español no tardó ni dos semanas en impugnar la convocatoria de lo que en aquel momento se planteaba ya como un simple proceso participativo sin efectos jurídicos. También planteó la suspensión de la convocatoria al Tribunal Constitucional, que diligentemente acabó suspendiendo el proceso cinco días antes de la apertura de las urnas. La suspensión se comunicó telemáticamente y genéricamente al Gobierno de la Generalitat.

No obstante, el proceso participativo jurídicamente no vinculante se llevó a cabo en la fecha prevista, gracias a la participación de más de 40.000 voluntarios que abrieron los colegios electorales, coordinaron el proceso, pusieron en marcha los programas informáticos para garantizar el proceso y los resultados: más de dos millones cuatrocientas mil personas, que representaban casi el 50% del censo electoral vigente, votaron en la manifestación política no electoral más masiva de la historia del país.

La alta participación y una rueda de prensa el mismo día 9 de noviembre del presidente Mas acabaron de redondear el éxito del proceso participativo no vinculante. Ello movió a la Fiscalía del Estado, a instancias del Gobierno español del Partido Popular, que es quien nombra al fiscal general, a impulsar la presentación de una querella contra Artur Mas (presidente de la Generalitat), Irene Rigau (consejera de Educación) i Joana Ortega (vicepresidenta del Gobierno catalán) por delitos de desobediencia administrativa o judicial, prevaricación (ordenar actuaciones administrativas aún sabiendo que son ilegales) y malversación de fondos públicos (gastar dinero público en actos inapropiados).

La Fiscalía de Catalunya se negó, inicialmente, a formular la querella, ya que consideró que los hechos no eran delictivos, pero, finalmente, por las presiones del Gobierno central -que produjeron incluso la caída del entonces fiscal general del Estado y su sustitución- la querella se presentó y se tramitó, hasta la obertura del juicio oral de este lunes, 6 de febrero de 2017.

Durante la instrucción, la fiscalía retiró finalmente de la querella el delito de malversación de fondos públicos. Así, solo queda por juzgar el delito de prevaricación, es decir, si los querellados hicieron algún acto por acción u omisión que tendiese a la celebración del proceso participativo después de la notificación del TC de la suspensión del proceso participativo el día 4 de noviembre del 2014. También se tiene que juzgar si a partir de la misma fecha se produjo el delito de desobediencia de una resolución judicial, tal y como pretende demostrar la Fiscalía.

Las peticiones de la Fiscalía suponen penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y multas. Si fueran condenados, los acusados no podrían ejercer ningún cargo público ejecutivo o de representación durante 10 años el presidente Mas y durante 9 años, las exconsejeras Ortega i Rigau.

Al tratarse de un proceso que tiene raíces profundas en decisiones políticas enfrentadas entre los gobiernos de Madrid y Barcelona, todo hace pensar que si el TSJC ha permitido la obertura del juicio oral, difícilmente pueda ser absolutoria.

Las cuestiones técnicas más trascendentales son aspectos formales de la notificación a los acusados de la suspensión del proceso participativo, que contravienen toda la jurisprudencia existente hasta hoy del Tribunal Supremo español, y que deberían haberse resuelto en la fase de instrucción.

La absolución supondría un auténtico fracaso del funcionamiento del poder judicial, que quedaría profundamente tocado en relación a elementos esenciales: la independencia respeto a los otros poderes del Estado y el respeto a los derechos fundamentales de la persona, entre los cuales existe el de no ser sometido innecesariamente a un proceso judicial mediático como el que se está produciendo.

Hay que tener en cuenta que la prueba de los elementos materiales de los delitos únicamente se podrá hacer mediante pruebas meramente instrumentales, como la declaración de testigos, que eventualmente pueden tener intereses o visiones personales contradictorias debidas a su ideología política; o documentales, como la aparición de facturas posteriores a la fecha de la comunicación de suspensión, cosa que no prueba ni que los encargos se hubiesen hecho con posterioridad a aquella fecha ni siquiera que se hubieran realizado con fecha anterior o posterior, o que aquellas que se realizaron ya no podían pararlas los acusados. En aquel momento, todo el proceso estaba ya en manos de los voluntarios, que han sido absueltos de delito, ya que el 9N no habría sido posible de modo alguno sin su participación.

Este hecho implica una situación tan irracional como la de considerar culpables de un delito a sus presuntos autores intelectuales, mientras se absuelve a los autores materiales.

Por si esto no fuera suficiente, la notificación al Gobierno de la Generalitat del día 4 de noviembre no tenía el carácter de requerimiento personal directo hacia ninguno de los acusados para que dejasen de realizar alguna actividad concreta, ni se les advertía personalmente de las consecuencias penales que su desobediencia podía comportarles. Solamente esto ya debería haber supuesto el archivo de la instrucción antes del juicio.

Si no ha sido así, solo puede entenderse por la obstinación política de un Estado que no está dispuesto a admitir que su integridad territorial es discutida por una parte de los habitantes de su territorio desde hace siglos.

 

Juristas ANC

 

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